sáb. Nov 7th, 2026
  • Empleados del instituto reportan coerciones para adquirir boletos de sorteos y aportar dinero quincenalmente, ante amenazas de sanciones laborales.
  • Solicitan la intervención de la presidenta Sheinbaum, la Secretaría Anticorrupción y la Dirección General del ISSSTE para investigar los señalamientos contra una funcionaria.

Ciudad de México, octubre de 2026.— Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han reportado posibles actos de chantaje, abusos de autoridad y presiones laborales vinculadas a la compra forzosa de boletos para rifas y la demanda de aportes económicos, prácticas que, según ellos, ocurren en las oficinas principales de la institución.

Un escrito de denuncia distribuido por los trabajadores señala a María del Rocío Vilchis Espinosa, subdirectora de Atención al Derechohabiente, de presionar a su personal para adquirir boletos y realizar pagos quincenales, aparentemente para ayudar a familiares enfermos.

Los denunciantes afirman que estas demandas se dan bajo amenazas de despido y sanciones administrativas para quienes no colaboren, generando preocupación y descontento entre los trabajadores de diversos niveles.

El documento señala que estas prácticas podrían afectar a cerca de 400 empleados del ISSSTE, una cifra que debe ser confirmada por las autoridades.

Ante este contexto, trabajadores inconformes han comenzado a señalar su desacuerdo colocando cartulinas en sus espacios laborales, donde invitan a otros posibles afectados a denunciar anónimamente las presiones y potenciales represalias laborales.

“Si fuiste forzado a participar en rifas y enfrentaste represalias por negarte, no estás solo”, afirma uno de los mensajes reproducidos en la denuncia.

Cuestionan también el uso del dinero recolectado, pues aseguran que no se ha entregado información que muestre los montos obtenidos ni que pruebe el uso de los fondos para los fines declarados.

Frente a estas acusaciones, los inconformes pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, para realizar una investigación imparcial que esclarezca los hechos y, si es necesario, determine responsabilidades.

Asimismo, solicitaron que se garantice la confidencialidad de las denuncias y se proteja a los empleados ante posibles represalias por rechazar aportaciones económicas que no son parte de sus deberes laborales.

Los denunciantes señalan la necesidad de investigar si existen mecanismos de presión, cobros indebidos o conductas en contra de las normas del servicio público, especialmente cuando puede existir una relación jerárquica entre los solicitantes y los presuntamente obligados a pagarlos.

Este caso pone en tela de juicio los mecanismos de control interno, la protección de los derechos laborales y la rendición de cuentas en una de las principales entidades de seguridad social del país.

Los afectados, que pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias, demandan que las acusaciones contenidas en el documento y recogidas en esta redacción sean verificadas a través de una investigación independiente, imparcial y formal. A la fecha, no se incluye una respuesta de la funcionaria ni una postura oficial del ISSSTE.

Los empleados pidieron que las autoridades revisen las denuncias y aseguren que nadie sea obligado a realizar aportaciones o participar en actividades no relacionadas con sus funciones para mantener su empleo.

El documento publicado por los inconformes invita a todos los que hayan sido afectados en este asunto a enviar sus denuncias “totalmente anónimas” al correo: [email protected]

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