Por Redacción
León, 03 de septiembre de 2026.- El parlamento de Nicaragua, leal a Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó en la noche del 1 de septiembre una enmienda constitucional que extiende su mandato por un año más, de seis a siete años. Como resultado de esta decisión, se eliminó la elección programada para noviembre de 2026 y se pospusieron las próximas elecciones hasta 2028.
La sesión legislativa se celebró en León, en el oeste de Nicaragua, al pie de la imponente catedral colonial donde descansan los restos del poeta Rubén Darío. Durante el proceso, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, invocó repetidamente al poeta para justificar las reformas. Entre los cambios aprobados destaca la incorporación a la Constitución de la exclusión de la oposición, prohibiendo el acceso a cargos públicos o liderazgo de partidos a cualquier persona que el régimen copresidencial considere vinculada a intentos de golpe, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía, así como a aquellos etiquetados como traidores a la patria.
El texto aprobado por el partido gobernante establece que “los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular en las más recientes Elecciones Generales, Municipales y Regionales vigentes se extienden a siete años”. La enmienda también aplica esta extensión de siete años a los jefes del ejército y la policía, y otorga al Consejo Supremo Electoral mayores poderes para cancelar partidos y sancionar candidatos o líderes por presuntas violaciones de la soberanía.
Adicionalmente, la reforma traslada la fecha de toma de posesión del 10 de enero, vinculada históricamente al asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, al 18 de enero, en homenaje a Rubén Darío. Al ser una enmienda constitucional, la medida requiere ratificación en dos sesiones legislativas; la segunda está programada para el 18 de enero de 2027, según informó Murillo.
Esta acción se produce después de 45 días de incertidumbre desencadenada por la propuesta de Ortega del 19 de julio de abolir permanentemente las elecciones, representando un retroceso respecto a esa amenaza de desmantelar definitivamente el sistema electoral. La medida repite una ejecución similar a la de 2025, cuando los diputados aprobaron una enmienda previa para establecer la copresidencia y extender el mandato presidencial de cinco a seis años.
Juan Diego Barberena, abogado opositor en el exilio, señaló que la reforma “impide que el pueblo de Nicaragua pueda elegir libremente, porque solo podrán elegir entre las opciones de la dictadura —las opciones que el grupo en el poder considere elegibles para participar en una elección”.