Por Monserrat Californias
El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará elecciones judiciales inéditas para designar a 881 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte y jueces de distrito. Sin embargo, un sector de la ciudadanía promueve el hashtag #YoNoVotoElPrimeroDeJunio, argumentando que participar en este proceso es convalidar irregularidades y vicios que comprometen la independencia judicial.
Una de las principales críticas es que el voto popular no debe sustituir al mérito profesional. Los opositores señalan que la elección de jueces por popularidad puede socavar la calidad y la imparcialidad del sistema judicial, alejándolo de los estándares democráticos y del principio de separación de poderes.
Además, se argumenta que esta elección no garantiza la independencia judicial y, por el contrario, la destruye. La justicia no puede estar en manos de la popularidad ni de la demagogia, ya que esto podría llevar a decisiones judiciales influenciadas por intereses políticos o populares, en lugar de basarse en la ley y la Constitución .
Otro punto de preocupación es la imposibilidad de conocer a todos los candidatos y su compromiso con la Constitución. Con más de 3,000 candidatos registrados para los 881 cargos, los votantes enfrentan una tarea casi imposible para informarse adecuadamente sobre cada uno de ellos.
Finalmente, quienes promueven el boicot afirman que no votar es un acto de resistencia y de rechazo a la Reforma Judicial. Consideran que abstenerse de participar en estas elecciones es una forma de manifestar su desacuerdo con un proceso que, en su opinión, pone en riesgo la integridad del sistema judicial mexicano.