Por Abel López Jiménez
La ola de violencia e inseguridad que envuelven al estado de Guerrero, junto con los desastres naturales, mantienen sumida en el caos a su población y ese panorama adverso genera un desgobierno en el que sus autoridades estatales y municipales permanecen inermes, sin actuar, frente al clamor de los ciudadanos que exigen justicia y ayuda para resolver la problemática que enfrentan.
Desde el centro del país, empiezan a aumentar las voces en el Congreso de la Unión que exigen ya la desaparición de poderes a causa del desgobierno que allá impera.
Lo más lamentable de la situación es el caso de la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, quien no sale a enfrentar los problemas que le reclaman los guerrerenses, empezando por la grave inseguridad. No da la cara, se esconde.
Las y los alcaldes de la misma extracción morenista actúan igual, no dan la cara a la realidad adversa que enfrentan sus ciudadanos.
Ejemplo de ello son las alcaldesas de Chilpancingo y Acapulco, Norma Otilia Hernández y Abelina López Rodríguez, respectivamente.
De la primera, existen fotos y un video divulgados en julio del año pasado, donde la alcaldesa de Chilpancingo se reunió en un restaurante con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, quien controla el flujo de armas y droga y es uno de los principales generadores de violencia en la región. Hernández no negó la evidencia.
De la segunda, sólo es reconocida por su limitado y florido lenguaje. En sus contadas apariciones ante los medios de comunicación quizá la expresión que más ha generado polémica y comentarios a nivel nacional fue cuando la alcaldesa de Acapulco dijo a los reporteros que los factores que contribuyen a la violencia en el puerto se deben “al calor” y al “consumo de carbohidratos”, entre otras.
La realidad que enfrenta la entidad guerrerense se vio aún más afectada con el paso del huracán “Otis”, que dejó a su paso una estela de destrucción en varios municipios encabezados por el Puerto de Acapulco, donde su impacto fue devastador.
La crisis guerrerense se complementa con el actuar de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quienes han mantenido el caos en su afán de reclamar la aparición de sus 43 compañeros desaparecidos hace casi diez años.
El último suceso se registró el pasado día 7 del presente mes, cuando el joven normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, fue asesinado a manos de un policía estatal, con lo cual, a todas luces se habría llevado a cabo una ejecución extrajudicial. El agente asesino se dio a la fuga bajo una presunta complicidad oficial. En medio de ese caos la gobernadora Salgado Pineda tampoco a dado la cara.
Por si fuera poco, la mayoría de los alcaldes guerrerenses se encuentran cercados o rodeados por el crimen organizado.
La entidad está bajo control de cinco cárteles y 17 subcárteles o células de los grandes cárteles. Están los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, de Juárez o Hermanos Beltrán Leyva, de Sinaloa y el de Tijuana.
Mientras que los subcárteles son ubicados como los Tlacos, los Ardillos, Guerreros Unidos, los Emes, los Rusos-Caborca, el CIDA, Añorve, Carrillo, los Rojos, los Tequileros, Bandera; un cártel de reciente formación denominado Federación Guerrerense, formado con los Tlacos-Jaleacos, Arreola, Maldonado y Granados.
La imparable inseguridad que generan esos grupos delictivos, aunado al desgobierno que impera en la entidad, dio pie a que las y los senadores panistas, encabezados por su coordinador Julen Rementería del Puerto, solicitaran la “desaparición de poderes” en el estado de Guerrero, derivado de los múltiples hechos violentos registrados y ante la evidente ausencia de la gobernadora Evelyn Salgado para mantener el orden.
El senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, señaló que las autoridades estatales y municipales permiten la violencia y criminalidad como pago de favores por haberles financiado sus campañas electorales, por lo cual aseguró que respalda la exigencia de la bancada del PAN para que desaparezcan los Poderes del Gobierno en aquella entidad.