El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este martes que “es probable” que en Estados Unidos estén postergando la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón, hasta después de las elecciones.
“Es un asunto también político”, señaló el mandatario en su conferencia matutina, aludiendo a la posibilidad de que el caso de García Luna esté siendo manipulado con tiempos electorales en mente.
El 21 de febrero de 2023, Genaro García Luna fue declarado culpable por un jurado de Nueva York de cargos de narcotráfico y actualmente espera sentencia en territorio estadounidense. De acuerdo con los expertos, el exsecretario de Seguridad podría alcanzar la cadena perpetua.
García Luna, el exfuncionario mexicano de más alto rango que se sienta en el banquillo de la justicia estadounidense, estaba acusado de proteger al Cártel de Sinaloa de Joaquín Chapo Guzmán a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos.
La fiscalía lo acusa de haber ayudado a introducir en torno 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
Para el Ministerio Público, este ingeniero mecánico de 54 años, quien podría pasar el resto de su vida entre rejas, fue “socio criminal” del Cártel de Sinaloa, mientras que para la defensa fue la “cara de la guerra” que libró contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Varios de los testigos, antiguos miembros prominentes del Cártel de Sinaloa, como Jesús “Rey” Zambada, Sergio Villarreal “El Grande” u Óscar “Lobo” Valencia -que colaboran con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas-, aseguraron durante el juicio que habían pagado millones de dólares al acusado.
También lo habría hecho Arturo Beltrán Leyva, quien según algunos de estos testigos, hacía colectas para recaudar dinero de las diferentes facciones para pagar mensualmente al poderoso “superpolicía” a cambio de protección.
Sin la colaboración al “más alto nivel del gobierno mexicano“, la “operación multimillonaria” del Cártel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos -en particular el de Ciudad de México, puertos o carreteras con destino final a Estados Unidos, “hubiera sido imposible de llevar a cabo”, estimó la fiscal Saritha Komatireddy.
La defensa que trató de descalificar la fiabilidad de muchos testigos que se han beneficiado de reducción de penas a cambio de colaborar con la justicia, trató de convencer al jurado de que “no ha pruebas de que recibió dinero“.