Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, dio a conocer el acuerdo alcanzado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para reformar el Poder Judicial. Esta reforma, dijo, busca garantizar la autonomía de las instituciones y asegurar que personas de buena fama pública y competentes ocupen los cargos de jueces, magistrados y ministros.
“Es una propuesta completa que garantiza autonomía y que lleguen personas de buena fama pública y que sean buenos en lo que van a realizar”, destacó.
Sheinbaum detalló que la propuesta contempla que el Senado de la República sea el encargado de publicar la convocatoria para la elección de ministros. Este proceso se caracterizará por su transparencia y apertura, permitiendo que los Poderes de la Unión postulen a los candidatos a través de mecanismos públicos, abiertos, inclusivos y accesibles, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Los aspirantes a estos cargos tendrán la responsabilidad de presentar un ensayo de tres cuartillas en el que expliquen los motivos de su postulación, acompañado de cinco cartas de referencia que avalen su idoneidad. Este requisito subraya la importancia de la reflexión y la justificación en la selección de los futuros jueces, magistrados y ministros, promoviendo un proceso basado en el mérito y la integridad.
Además, cada Poder de la Unión integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas de reconocida trayectoria en la actividad jurídica. Este comité será el encargado de evaluar a los aspirantes y seleccionar a los finalistas del procedimiento. Sheinbaum enfatizó que la labor de estos comités será crucial para garantizar la calidad y la legitimidad de los seleccionados.
En cuanto a la elección de magistrados y jueces, la propuesta establece que seis perfiles finalistas serán depurados mediante un proceso de insaculación pública, asegurando así la imparcialidad y la transparencia en la decisión final. Este enfoque novedoso en la selección de autoridades judiciales marca un paso importante hacia la consolidación de un Poder Judicial más democrático y confiable.