Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXIOC.- México implementará importantes reformas constitucionales para garantizar una mayor protección de las mujeres, consolidando derechos fundamentales y estableciendo nuevas medidas de seguridad.
La igualdad sustantiva ha sido colocada en el centro de estas modificaciones, buscando asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.
Entre las reformas más destacadas se encuentra la obligación de que hombres y mujeres reciban el mismo salario por trabajo igual, eliminando así una de las brechas más notorias de desigualdad. Estas reformas también extienden la paridad de género a todos los niveles de la administración pública, tanto federal como estatal, exigiendo que los gabinetes gubernamentales reflejen una representación equitativa entre hombres y mujeres.
Además, se han fortalecido las leyes para combatir la violencia contra las mujeres, destacando la “Ley Olimpia”, que busca proteger a las mujeres de la violencia digital. Asimismo, la violencia vicaria, que se ejerce a través de terceros, ha sido reconocida y se establecieron medidas legales para proteger a las víctimas.
Un punto clave de estas reformas es la creación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos por razón de género en todas las entidades federativas. Esto responde a la necesidad urgente de una mayor coordinación y eficiencia en la atención de los casos de violencia de género, especialmente aquellos que involucran a mujeres, niñas y adolescentes. Para garantizar la transparencia y el seguimiento de las medidas de protección, se ha creado un Registro Nacional que permitirá articular una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno.
La inclusión de la perspectiva de género en todas las actuaciones de las instituciones de seguridad y justicia también es un avance significativo. Este enfoque garantizará que los procesos legales y de seguridad tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. De esta manera, se busca erradicar las prácticas que perpetúan la discriminación y garantizar una vida libre de violencia para todas las personas, tal como lo establece ahora la Constitución.