Por Luis Martínez Alcántara
En México, cada día son asesinadas 10 mujeres, y aquellas que sobreviven a intentos de feminicidio enfrentan no solo secuelas físicas y psicológicas, sino también un sistema judicial que las revictimiza y pocas veces castiga a sus agresores.
Estas mujeres lidian con traumas profundos y, en muchos casos, con discapacidades permanentes que afectan su calidad de vida. La atención médica y psicológica que reciben suele ser insuficiente, lo que agrava su situación y limita sus oportunidades de reintegrarse plenamente a la sociedad.
El sistema judicial mexicano ha sido duramente criticado por su lentitud y falta de eficacia en la atención a casos de feminicidio y violencia de género. Las sobrevivientes denuncian procesos legales prolongados y una constante revictimización durante el proceso judicial.
La impunidad prevalece en muchos casos, lo que desanima a las víctimas a denunciar y perpetúa la violencia contra las mujeres. La falta de perspectiva de género en las instituciones judiciales contribuye a esta problemática, dejando a las sobrevivientes en una situación de vulnerabilidad.
Un caso emblemático es el de Marisela Escobedo, quien tras el feminicidio de su hija Rubí Marisol en 2008, emprendió una incansable lucha por justicia. A pesar de las pruebas y la confesión del asesino, este fue absuelto por falta de pruebas. Marisela continuó su protesta hasta que fue asesinada en 2010 mientras exigía justicia. Este caso evidenció las deficiencias del sistema judicial mexicano y la peligrosidad que enfrentan quienes buscan justicia por cuenta propia.
La reciente tragedia de Astrid Cruz y su hijo de 16 años, asesinados en Zapopan, Jalisco, por su expareja Eduardo N., resalta nuevamente las fallas del sistema. Eduardo, con antecedentes de homicidio, estaba en libertad y logró cometer este crimen antes de huir. La hija menor de Astrid resultó gravemente herida. Este caso ha generado indignación y demanda de justicia por parte de colectivos feministas y la sociedad en general, evidenciando la urgencia de reformas en el sistema judicial para proteger a las mujeres.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es crucial visibilizar la realidad de las sobrevivientes de intentos de feminicidio en México. Es necesario fortalecer las políticas públicas enfocadas en la prevención, atención y sanción de la violencia de género, garantizando una atención integral a las víctimas y una justicia efectiva que no las revictimice.