Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Un juez vinculó a proceso a dos expolicías municipales de Tijuana por los delitos de tortura y homicidio calificado en agravio de Carlos Dámaso López, quien murió en mayo de 2022 tras ser detenido en un establecimiento de Playas de Tijuana. En un caso distinto, vecinos de la colonia Santa Fe, en la misma ciudad, recolectan firmas para exigir la construcción de un hospital, luego de que un menor falleciera por falta de atención médica oportuna, según testimonios ciudadanos.
Los exagentes, identificados solo como Juan ‘N’ y Abel ‘N’, fueron vinculados a proceso el pasado 15 de marzo. Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando, según la investigación, detuvieron a López en un local con servicio de internet y máquinas tragamonedas. La víctima falleció semanas después, el 18 de mayo, a consecuencia de las lesiones sufridas durante la detención.
Este caso se suma a otros de violencia policial en la región. Recientemente, un expolicía municipal identificado como Billy ‘N’ fue sentenciado a 25 años y 3 meses de prisión por el homicidio calificado de una mujer de 68 años, en un proceso judicial separado.
Paralelamente, en la colonia Santa Fe de Tijuana, habitantes se organizan para exigir servicios de salud. Guadalupe, una vecina, declaró que la comunidad está recolectando firmas para pedir la construcción de un hospital, argumentando que la falta de uno cercano tuvo consecuencias trágicas. “Aquí en Santa Fe hace falta un hospital porque ya falleció un niño por no tener la atención a tiempo”, afirmó.
Otra residente, Silvia González, respaldó la demanda y señaló que la diputada federal Evangelina Moreno se ha sumado a la petición. Moreno habría gestionado, según el contexto proporcionado, 300 mil pesos para gastos de representación en comisiones legislativas, aunque no se especifica si estos recursos están directamente vinculados a la lucha por el hospital.
Los dos casos, aunque independientes, reflejan problemáticas recurrentes en Tijuana: la violencia ejercida por agentes del Estado y la deficiencia en servicios públicos básicos como la salud. Mientras la justicia avanza, lentamente, en castigar abusos policiales, comunidades marginadas continúan lidiando con la negligencia institucional que pone en riesgo sus vidas.