Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral, una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión el martes 17 de marzo y que se enfoca en reducir presupuestos de congresos locales, el Senado y el número de regidores municipales, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y municipios. La propuesta, que representa un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos, surge tras el rechazo el 11 de marzo de una iniciativa más amplia que incluso fue votada en contra por los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.
Durante el anuncio realizado desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que los recursos que se ahorren con estas medidas serán etiquetados específicamente para obras de infraestructura en las entidades federativas y sus municipios. La mandataria señaló que si bien este ‘Plan B’ no incluye la reducción de financiamiento a partidos políticos que originalmente se buscaba, mantendrá su insistencia en disminuir los privilegios económicos de estas instituciones en futuras discusiones.
El nuevo acuerdo con PT y PVEM, alcanzado durante el fin de semana previo al anuncio, evita por el momento los cambios más controversiales a nivel federal que habían generado rechazo, como la modificación al Instituto Nacional Electoral o la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, objetivo que formaba parte del fracasado ‘Plan A’. Analistas han caracterizado esta nueva propuesta como una carga de austeridad para estados y municipios que podría vulnerar el federalismo.
Entre los ejemplos concretos de los costos que se buscan reducir, se menciona el caso de Baja California, donde cada diputado local tiene un costo de 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima el costo por legislador es de 5.1 millones de pesos. Estas diferencias regionales en el gasto legislativo serían uno de los blancos principales de la reforma propuesta.
La iniciativa llega en un contexto político complejo, donde la oposición ya ha manifestado su preocupación por lo que considera un intento de centralización de recursos y poder. El proceso de aprobación requerirá de mayorías específicas en el Congreso federal y posiblemente la ratificación de los congresos locales, lo que anticipa un debate legislativo intenso en las próximas semanas.