Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado su Plan B de reforma electoral, que incluye la reducción de regidores municipales, topes presupuestales para congresos locales y modificaciones a la revocación de mandato que permitirían a la presidenta hacer campaña con recursos públicos. La iniciativa, respaldada por Morena y el PVEM pero criticada por la oposición, busca implementar cambios de austeridad tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados.
La propuesta establece que los municipios tendrán entre 7 y 15 regidores, eliminando el principio de paridad de género en estas posiciones. Además, limita el presupuesto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto total de cada entidad e introduce topes salariales para funcionarios electorales. En el ámbito de la revocación de mandato, adelanta el proceso al tercer año de gobierno y autoriza explícitamente a la titular del Ejecutivo a realizar campaña promocional.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió la iniciativa como necesaria para “racionalizar el gasto y hacer más eficiente la administración pública”. Por su parte, Manuel Velasco del PVEM anunció el apoyo unánime de su bancada, aunque el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó revisión previa del texto completo.
La oposición, encabezada por Kenia López Rabadán del PAN, calificó la reforma como “un intento de concentrar poder y debilitar la autonomía local”. Criticó especialmente la autorización para que la presidenta utilice recursos en la revocación de mandato, señalando que esto contradice el principio de austeridad que promueve el mismo paquete legislativo.
El contexto de la iniciativa se enmarca en las 741 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) durante 2025, que según el gobierno evidencian la necesidad de reformar el sistema. La propuesta debe aprobarse antes de septiembre de 2026 debido a restricciones constitucionales para implementar cambios electorales.
El debate ocurre en un escenario político donde el oficialismo busca consolidar su agenda de reformas tras el rechazo del Plan A, mientras la oposición alerta sobre posibles afectaciones al federalismo y la equidad de género en los cargos de elección popular.