Por Redacción
San Antonio Abad 124, Ciudad De México, 18 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc mantienen una disputa pública sobre la responsabilidad en la supervisión de una demolición en el número 124 de la calle San Antonio Abad, un incidente que dejó víctimas y cuyos familiares ya reciben apoyos de la empresa contratista. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, acusó a la demarcación de presentar inconsistencias documentales, mientras que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha argumentado que acuerdos del gobierno central impedían revisar las demoliciones.
Según declaraciones oficiales del secretario Inti Muñoz, los familiares de las personas afectadas por el incidente ya están recibiendo apoyos económicos por parte de la empresa DeMet, encargada de los trabajos de demolición en el inmueble. Sin embargo, Muñoz señaló que existen “inconsistencias en la documentación de la alcaldía Cuauhtémoc que demuestran su responsabilidad” en el caso, sin especificar la naturaleza de dichos documentos.
Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, ha rechazado las acusaciones y ha alegado que existían acuerdos del Gobierno de la Ciudad de México que impedían a la demarcación revisar o supervisar los procesos de demolición en curso. Esta contradicción ha generado un conflicto institucional mientras avanza una investigación fiscal sobre las causas técnicas del derrumbe.
El incidente ocurrió en una zona donde coinciden obras de remodelación relacionadas con la Copa del Mundo de fútbol. De hecho, según reportes del portal 24-horas.mx, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 del Metro han tenido cierres parciales por estos trabajos, lo que complejiza el entorno operativo de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado el número exacto de víctimas, heridos, la causa técnica específica del derrumbe, ni el tipo y monto de los apoyos entregados a los familiares. La investigación para determinar responsabilidades penales y administrativas continúa en curso, en medio de un cruce de versiones que ha opacado la atención a las personas afectadas.