Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y aprobación del denominado Plan B electoral, una reforma que incluye la reducción del gasto público en procesos comicios y establece el marco legal para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prevista para 2027. La iniciativa cuenta con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya bancada confirmó que 13 de sus 14 senadores votarán a favor, asegurando la mayoría necesaria para la modificación constitucional.
Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, destacó que el objetivo central de la reforma es consolidar la democracia participativa, permitiendo que la ciudadanía se pronuncie sobre la continuidad de la titular del Ejecutivo Federal. Según los promotores de la iniciativa, la meta es alcanzar una participación del 80 por ciento del listado nominal para validar el resultado, un mecanismo que busca fortalecer la legitimidad del gobierno federal en la segunda mitad del sexenio.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, confirmó la alineación de su partido con la agenda legislativa del gobierno, subrayando que la reducción de costos en las elecciones y la armonización de las leyes locales son prioritarias para la estabilidad política. Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que los trabajos en comisiones han permitido integrar los puntos de vista de las fuerzas representadas, aunque reconoció que la oposición, representada por diputados como Elías Lixa del PAN, mantiene reservas sobre los cambios en la estructura de los organismos electorales.
El paquete de reformas contempla límites estrictos al gasto de los congresos locales, fijando un tope del 0.7 por ciento del presupuesto estatal, así como una reducción en el número de regidores en los ayuntamientos para optimizar recursos. Paralelamente, se prepara en la Cámara de Diputados la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que corre en paralelo a la discusión del Plan B y que busca renovar la autoridad electoral antes de los próximos comicios.
En el ámbito local, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que su administración presentará una iniciativa para armonizar la legislación estatal con los nuevos preceptos federales, lo que podría marcar el inicio de una cadena de adaptaciones en los estados gobernados por aliados del movimiento transformador. La estrategia legislativa busca dejar operativas las nuevas reglas con suficiente antelación al año electoral de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de respaldo a las reformas, enfatizando que cualquier cambio en el sistema electoral debe priorizar el ahorro de recursos y la participación ciudadana. Con el apoyo asegurado del PVEM y la coordinación de la mayoría en el Congreso, se espera que la votación final en el Senado se concrete en las próximas semanas, cerrando la primera fase de esta transformación institucional.