Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciaron la presentación de denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución, así como responsables del salvamento arqueológico del Tren Maya, por presuntos daños irreparables al patrimonio cultural durante la construcción del proyecto ferroviario. Las acusaciones, surgidas el martes 17 de marzo, señalan la comisión de delitos de lesa arqueología mediante el uso de maquinaria pesada y explosivos en zonas de valor histórico.
Los denunciantes, integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia y de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, identifican como responsables al exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández; a Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo; y a Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya. Según los especialistas, las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, específicamente en la creación de los llamados Parques de la Memoria.
Entre las cifras más alarmantes presentadas por los arqueólogos figura el estimado de más de 62,000 estructuras mayas que no habrían sido recuperadas hasta 2026, según datos aportados por el investigador Fernando Cortés de Brasdefer. Asimismo, se cuestiona la intervención en 47 monumentos supuestamente restaurados para el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se acusa una mezcla y descontextualización de las piezas originales.
Las denuncias incluyen alegatos sobre el uso de dinamita y retroexcavadoras para destruir monumentos in situ, aunque los especialistas han indicado que están reuniendo la evidencia documental y pericial, incluyendo videos y análisis comparativos, para sustentar legalmente estas afirmaciones ante las autoridades competentes. El conflicto interno en el INAH marca un precedente de ruptura entre la comunidad académica y la dirección institucional respecto a la gestión del patrimonio en obras prioritarias del gobierno federal.
Ante las acusaciones, el INAH ha mantenido posturas previas de defensa de sus procedimientos, asegurando que existe una colaboración estrecha con el Fonatur y la Sedena para salvaguardar los hallazgos. Sin embargo, la movilización de los investigadores sugiere que los mecanismos de protección internos fueron insuficientes o ignorados. Se espera que en los próximos días se formalice la entrada de las denuncias ante el Ministerio Público, lo que podría derivar en investigaciones penales y administrativas contra los funcionarios señalados.
Este episodio pone en tensión la narrativa oficial sobre el rescate patrimonial del Tren Maya y abre un debate sobre la legitimidad de las intervenciones arqueológicas en grandes proyectos de infraestructura. La comunidad científica exige transparencia y la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, advirtiendo que las consecuencias de estas acciones podrían ser irreversibles para la memoria histórica de la región maya.