Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano este jueves, estableciendo su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007. El fallo, dado a conocer desde la capital del país por la Secretaría de Gobernación, confirma que las autoridades nacionales incurrieron en omisiones graves respecto al derecho a la vida, a la salud y a la protección judicial de la mujer indígena nahuatl, cuyos familiares denunciaron agresión sexual por parte de elementos del Ejército.
La resolución del tribunal con sede en Costa Rica pone fin a un largo proceso litigioso que ha marcado la agenda de justicia transicional en México. En su dictamen, la Corte IDH señaló que el caso no solo representó un atentado contra la integridad física de Ascencio, sino que evidenció una falta sistemática de perspectiva de género e interseccionalidad por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a la población vulnerable en la región de Zongolica, Veracruz.
Entre los puntos medulares de la sentencia destaca la vulneración de las garantías judiciales y la falta de una investigación diligente que permitiera esclarecer los hechos ocurridos hace nearly dos décadas. El organismo internacional enfatizó que la respuesta del Estado fue insuficiente para atender las denuncias presentadas por los familiares de la víctima, quienes han mantenido una lucha constante por obtener verdad y reparación ante la impunidad que ha caracterizado al caso desde sus inicios.
Como consecuencia de esta determinación, el Estado mexicano queda obligado a implementar medidas de reparación integral y acciones de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas obligaciones serán desglosados en los próximos días por la Secretaría de Gobernación. La administración federal reconoció la emisión del fallo y se comprometió a dar cumplimiento a lo ordenado por la jurisdicción interamericana, un paso crucial para cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de derechos humanos en la entidad veracruzana.
Este precedente judicial reafirma la obligación del país de adaptar sus protocolos de actuación frente a delitos que involucran a mujeres indígenas y fuerzas castrenses. La sociedad civil y los organismos defensores de derechos humanos esperan que el acatamiento de esta sentencia trascienda lo administrativo y derive en cambios estructurales que prevengan que casos como el de Ernestina Ascencio vuelvan a ocurrir en territorio nacional.