Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que la votación del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral podría realizarse el próximo miércoles 25 de marzo, con el objetivo de aprobarla antes del inicio de la Semana Santa. Aunque medios como SDP Noticias y La Jornada reportan esta fecha como parte de la planeación del partido gobernante, no existe aún una confirmación oficial definitiva sobre la sesión del pleno.
La propuesta de reforma constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuenta con el respaldo general de sus aliados legislativos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, y Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del PT, han mantenido su apoyo a la iniciativa, aunque han expresado reservas internas respecto a ciertos aspectos, específicamente sobre la inclusión de la revocación de mandato.
La oposición ha reaccionado con críticas severas ante el avance de la legislación. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó la iniciativa como el ‘Plan Maduro’, equiparándola con medidas autoritarias. Columnas de opinión en Quadratín México han retomado esta narrativa, describiendo la reforma como una ‘Ley Maduro’ y un posible ‘golpe de Estado’, argumentando que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y establecer una campaña permanente del Ejecutivo.
En cuanto al impacto financiero y administrativo, el diputado Elías Lixa Abimerhi señaló que la reforma generará más gasto público en lugar de ahorro. Según datos duros de la investigación, la modificación implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su corporación. En el estado de Yucatán, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que derivaría en la creación de 221 regidurías adicionales.
Adicionalmente, expertos y columnistas como López-Dóriga Digital han cuestionado la procedencia constitucional de la revocación de mandato incluida en el paquete, argumentando que no se ha dado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta, requisito establecido para activar dicho mecanismo. Mientras se aguarda la sesión del miércoles, persiste la incertidumbre sobre los detalles de las leyes secundarias y los privilegios específicos que se buscarían ajustar en los órganos electorales.