Por Redacción
Glades County, 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó una investigación exhaustiva tras el fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años que murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El deceso ocurrió el 16 de marzo de 2026 en el Centro de Detención del Condado de Glades, en el estado de Florida, marcando la decimotercera muerte de un migrante mexicano en centros de detención estadounidenses durante este año.
De acuerdo con la información disponible, Pérez Jiménez había ingresado a territorio estadounidense en febrero de 2022, fue deportado en una ocasión previa y volvió a cruzar la frontera. Su detención actual se concretó el 22 de enero de 2026, tras ser arrestado por un oficial del Condado de Volusia, momento a partir del cual quedó bajo la custodia de las autoridades migratorias federales.
Existen contradicciones respecto a las circunstancias del fallecimiento. Mientras que ICE aseveró que el joven murió por un “supuesto suicidio”, la causa oficial del deceso permanece bajo investigación, sin que hasta el momento se haya emitido un dictamen forense definitivo que confirme dicha versión. La falta de claridad sobre la causa médica exacta ha motivado la intervención diplomática del gobierno mexicano.
El Consulado General de México en Miami activó de inmediato el protocolo consular upon conocerse la noticia y realizó una visita al centro de detención para verificar las condiciones en las que se encontraba el connacional. La SRE ha hecho énfasis en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar si existieron negligencias en la atención médica o en las condiciones de seguridad dentro de la instalación administrada por el condado bajo convenio con ICE.
Este caso eleva a 42 el número de muertes de migrantes mexicanos registradas bajo la administración del presidente Donald Trump, lo que ha generado alertas por parte de organizaciones civiles como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), aunque no se han divulgado declaraciones detalladas de los familiares del fallecido ni resultados concluyentes de la indagatoria exigida por la Cancillería.
La situación mantiene a la espera a las autoridades mexicanas y estadounidenses, quienes deberán presentar los hallazgos de la investigación en curso para determinar la responsabilidad en la muerte del joven, cuyas circunstancias específicas de detención y atención médica previa al deceso aún no han sido feitas públicamente por una autoridad médica independiente.