Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso de presunto huachicol fiscal, considerado el más relevante hecho público en el país, debido a la falta de procedibilidad en el proceso penal original. La decisión fue tomada el 18 de marzo de 2026 y busca determinar qué autoridad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), debe representar el interés fiscal en este tipo de delitos.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados a la presunta sustracción ilegal de 21.5 millones de litros de diésel. El proceso penal fue inicialmente anulado por un tribunal federal en Veracruz, al considerar que no se cumplió con el requisito de procedibilidad, específicamente por la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM y por una citación incorrecta en la audiencia inicial.
Según reportes de La Jornada, la atracción del caso por parte de la SCJN permite que el máximo tribunal revise los aspectos legales que motivaron la anulación del proceso en la instancia inferior. El foco central de la revisión será establecer si corresponde al SAT o a la ANAM la representación del interés fiscal en casos de contrabando o huachicol fiscal, una cuestión que podría sentar un precedente para futuros procesos similares.
La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables aparece vinculada al caso, aunque la investigación no especifica su ubicación exacta ni el monto económico total del presunto contrabando. Tampoco se detallan la hora de la decisión de la SCJN ni la fecha exacta de la audiencia inicial que fue anulada.
Este movimiento judicial ocurre en un contexto donde la clarificación de las competencias entre las autoridades aduaneras y fiscales es crucial para la persecución efectiva de delitos contra el erario. La resolución de la Corte podría definir los protocolos de actuación para las autoridades encargadas de investigar y perseguir el robo de combustibles y el fraude fiscal.
La revisión del caso por la SCJN reabre la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias legales, corrigiendo los vicios de procedimiento que llevaron a la anulación inicial. El resultado de este análisis jurídico será esperado por las autoridades encargadas de la seguridad fiscal y energética en México.