Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en una audiencia celebrada este 19 de marzo en la Ciudad de México. La magistrada dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, mientras se define la situación legal de la segunda implicada.
La decisión judicial se produce en el contexto de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los elementos que se han mencionado en la indagatoria figura la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que podrían estar relacionados con la responsabilidad de las funcionarias en el encubrimiento o manipulación de evidencias.
Existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a los delitos específicos por los cuales se ejerció la acción penal. Mientras algunas versiones apuntan a delitos contra la salud, otras indican que la vinculación se deriva de la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. A pesar de la variación en la tipificación inicial, la FGR mantiene a las exfuncionarias bajo investigación por su posible participación en los hechos relacionados con el caso de los estudiantes desaparecidos.
El plazo para la investigación complementaria se ha fijado en dos meses, periodo durante el cual la autoridad ministerial deberá recabar los elementos necesarios para precisar la responsabilidad de las acusadas. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Blanca María del Rocío Estrada Ortega implica que permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso judicial, sin posibilidad de obtener libertad bajo caución debido a la gravedad de los asuntos que se le imputan.
Este avance en el caso Ayotzinapa representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes, un crimen que ha marcado la agenda de seguridad y derechos humanos en México durante más de una década. La vinculación de exfuncionarias de alto nivel en Guerrero sugiere que las indagatorias continúan explorando las cadenas de mando y las omisiones institucionales que permitieron la impunidad de los hechos originales.