Por Redacción
Tijuana, 21 de marzo de 2026.- Un conjunto de eventos legales y de seguridad ha puesto en evidencia la compleja situación que atraviesa el sector inmobiliario, judicial y policial en Baja California, donde figuran una exjueza acusada de fraude, un excampeón de boxeo vinculado a abuso sexual y mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) amenazados por presuntos desvíos de narcóticos.
En otro frente, Erik ‘Terrible’ Morales, excampeón mundial de boxeo y exfuncionario municipal, ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. La víctima denunciante, cuya identidad completa no ha sido especificada en los reportes, señaló que los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2025. El caso ha generado atención pública debido al perfil del involucrado y su pasado en la administración local.
La tensión se extendió a las instituciones de seguridad con la aparición de una manta amenazante dirigida contra Sergio Chávez Mondaca, director de investigación de la FESC. El mensaje hace referencia a un aseguramiento de droga valorado en 1,700 libras, aunque existen discrepancias en los reportes sobre la fecha exacta del decomiso y la cantidad específica, oscilando las cifras entre 700 libras de cristal y hallazgos que incluyen 29.34 kilos de metanfetamina y 38 kilogramos de cocaína.
Estas amenazas se suman a los antecedentes de corrupción dentro del sistema de justicia, donde exagentes del Ministerio Público como Octavio Andree Espino Torres y Ana Sofía López Osuna han sido capturados previamente por su relación con el narcotráfico. No se ha detallado el estado actual de los procesos judiciales en su contra, pero sus casos permanecen como referencia de la infiltración delictiva en las procuradurías.
Los grupos delictivos detrás de las mantas no han sido identificados oficialmente, lo que mantiene un clima de especulación sobre la autoría de las amenazas. La convergencia de estos casos —fraude inmobiliario, delitos sexuales de figuras públicas y narcoamenazas a policías— refleja una crisis multidimensional que afecta la confianza en las instituciones de Tijuana y Baja California.
Las autoridades de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, creada en 2022 para coordinar la seguridad en el estado, enfrentan el reto de limpiar sus filas y garantizar la seguridad ciudadana mientras lidian con presiones externas del crimen organizado y internas por la corrupción de sus propios mandos.