Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó correcciones a seis registros de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ajustando a la baja los montos originalmente reportados tras recibir datos complementarios de la empresa el 17 de marzo de 2026. Las modificaciones forman parte de las actualizaciones al padrón de pensiones publicado inicialmente el 13 de marzo.
De acuerdo con la información oficial, los ajustes implicaron reducciones drásticas en los montos mensuales de los beneficiarios. Una pensión que figuraba con 1,107,361.34 pesos fue corregida a 201,961.34 pesos. Otro registro pasó de 987,978.50 a 170,978.50 pesos, mientras que uno más se modificó de 976,512.80 a 160,512.80 pesos.
Las demás correcciones incluyen la reducción de 972,626.98 a 155,626.98 pesos; de 655,515.92 a 170,915.92 pesos; y un caso donde el monto bajó de 500,052.60 a 63,921 pesos. La Secretaría precisó que estos cambios fueron consecuencia directa de la información complementaria proporcionada por Pemex, sin especificar si se trató de una auditoría específica o un proceso de verificación rutinario.
Entre los involucrados en el proceso de gestión de las pensiones figuran Alejandro Valadez Urrutia, Mario Francisco Espinosa Estrada, Jorge Luis Talamantes Montoya, Salvador Quero García, Carlos Arturo Sánchez Magaña y Jorge Ernesto Moreno Tovar. El reporte periodístico confirma que la dependencia gubernamental actuó inmediatamente después de recibir los nuevos datos de la petrolera.
Estas correcciones ocurren en un contexto de debate público y legislativo respecto a la reforma del artículo 127 constitucional, la cual impone un tope a las pensiones públicas. Analistas como Guillermo Rivera Millán han señalado que la aplicación retroactiva de dicha reforma podría afectar derechos patrimoniales ya adquiridos y vulnerar el derecho humano de propiedad, aunque las fuentes primarias no vinculan explícitamente los ajustes de Pemex con esta tesis jurisprudencial.
La publicación del padrón corregido busca transparentar los montos reales que perciben los pensionados de la empresa productiva del Estado, en un momento donde la discusión sobre los límites a los beneficios del sector público centra la atención en la seguridad jurídica y la propiedad privada de los trabajadores.