Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió acciones de inconstitucionalidad presentadas contra reformas legislativas en los estados de Durango y Nayarit, invalidando disposiciones que establecían el carácter privado de las sesiones judiciales como regla general y mecanismos de evaluación de candidaturas contrarios al modelo federal. La decisión, tomada durante la sesión del Pleno celebrada el 23 de marzo, reafirma los principios de publicidad y paridad en los procesos de selección de operadores jurídicos.
En el caso de Durango, la Corte determinó que es inconstitucional la norma que establecía que las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrían carácter privado por defecto. Esta disposición fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal, quienes argumentaron que viola el principio de publicidad que debe regir la función jurisdiccional. Aunque las fuentes consultadas mencionan que también se discutieron artículos relacionados con la duración de mandatos, no se detallan los resultados específicos de la votación ni qué otras disposiciones adicionales fueron invalidadas en dicha entidad.
Respecto a Nayarit, el máximo tribunal declaró inconstitucional el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único, al considerar que contraviene el modelo federal establecido para estos procesos. Además, la SCJN reconoció una omisión legislativa por parte del Congreso de Nayarit, toda vez que no incorporó en la reforma los criterios de insaculación y paridad de género, elementos fundamentales para garantizar la equidad en la integración de los poderes judiciales locales.
Las resoluciones forman parte del control constitucional que ejerce la SCJN sobre las leyes secundarias y reformas estatales, asegurando que las normativas locales se alineen con los principios establecidos en la Constitución Federal. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas con el objetivo de preservar la autonomía judicial y los derechos humanos en los procedimientos de selección y funcionamiento de los tribunales superiores de justicia.
Con estas determinaciones, la Corte envía un mensaje claro a los congresos locales sobre la necesidad de ajustar sus marcos normativos a los estándares nacionales, evitando la creación de barreras institucionales que limiten la transparencia o la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Se espera que los poderes legislativos de Durango y Nayarit realicen las modificaciones necesarias para acatar los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte.