Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la revocación de los permisos para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, calificando la decisión como un procedimiento estrictamente técnico del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y negando cualquier injerencia política desde Palacio Nacional. La medida, anunciada oficialmente este martes, ha generado una polémica que enfrenta la postura de autonomía institucional del gobierno con las críticas de grupos como Amnistía Internacional, que advierten sobre un debilitamiento sistemático de la sociedad civil en México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó desconocer los detalles específicos de las organizaciones afectadas y subrayó que el SAT opera con criterios propios sin consultar a la Presidencia. “No es que el SAT me pregunte: ‘oiga Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación?’, son evaluaciones estrictamente técnicas”, declaró Sheinbaum. La jefa del Ejecutivo enfatizó que la normativa es clara: si una entidad recibe financiamiento del extranjero, pierde su registro como donataria autorizada, un criterio que, según dijo, también se aplicó en administraciones anteriores.
Por su parte, el SAT explicó que las revocaciones responden al incumplimiento de requisitos legales, como la falta de documentos que acrediten el carácter científico de las investigaciones realizadas por algunas entidades, en apego a la nueva Ley de Ciencia. Gari Flores, administrador general de Recaudación, descartó que la autoridad fiscal revise razones sociales o socios para tomar estas decisiones, insistiendo en que se trata de un proceso administrativo donde únicamente se revoca a quienes no subsanan sus obligaciones tras ser notificados. Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Primero y México Evalúa.
En contraste con la versión gubernamental, Amnistía Internacional calificó la cancelación de autorizaciones como un “golpe directo” a la capacidad operativa de las organizaciones para defender derechos humanos, apoyar legalmente a víctimas y proteger territorios indígenas. La organización señaló que esta acción se enmarca en una tendencia regional de “leyes anti-ONG”, donde bajo el argumento de transparencia se busca controlar y debilitar a la sociedad civil. “¿Queremos un país donde nadie vigile al poder?”, cuestionó el organismo en un comunicado, advirtiendo que cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen.
La controversia se agudiza por la percepción de un doble estándar, dado que mientras se restringen permisos a entidades críticas, otras asociaciones han recibido autorizaciones exprés. Sheinbaum recordó el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la cual se le retiró el permiso en el sexenio previo por recibir dinero del extranjero, y lanzó una crítica directa: “¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?”. Sin embargo, la sociedad civil exige reglas claras que garanticen la transparencia sin asfixiar el trabajo de quienes sostienen el tejido social.
El SAT detalló que en el proceso actual se han revocado 270 donatarias de un padrón de más de 10 mil, permitiendo a las organizaciones corregir su situación para recuperar el estatus si cumplen con la ley. No obstante, la tensión entre la interpretación técnica del gobierno y el impacto político percibido por los actores civiles marca un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales, en un contexto donde la autonomía de los órganos fiscales es puesta a prueba frente a las necesidades de vigilancia ciudadana.