Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron allanamientos en sus sedes y autoridades federales restaron importancia a reportes de personas no localizadas en Quintana Roo.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, coordinado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio donde se encontraron los vestigios, lo que sugiere una posible omisión institucional ante evidencia de violencia extrema.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, la madre buscadora Ceci Flores aseguró haber localizado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la búsqueda independiente continúa arrojando resultados, persiste la incertidumbre sobre la confirmación oficial de las identidades mediante pruebas de ADN en varios de estos casos.
La situación de los defensores de derechos humanos se agravó con el reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización calificó la situación como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques contra su infraestructura y seguridad.
En contraste con la gravedad de los hallazgos y denuncias, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, una declaración que contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre desapariciones en la región.
Mientras tanto, en San Luis Potosí, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal en Matehuala para ser reclutados forzadamente fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días; el operativo para su búsqueda contó con el despliegue de 600 agentes en la entidad. Por otro lado, en Torreón, familias de policías municipales desaparecidos mantienen pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones, aunque el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo correspondiente.
Este panorama refleja la complejidad del fenómeno de desapariciones en el país, marcado por la acción de colectivos de búsqueda, presuntas omisiones estatales, casos de aparición con vida y el hostigamiento persistente contra quienes documentan estas violaciones a los derechos humanos.