Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. El objetivo de la reforma es contar con un marco jurídico único que permita a todas las fiscalías del país actuar para acabar con la impunidad y desarrollar políticas públicas enfocadas en la prevención de estos crímenes.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que la iniciativa busca homologar el tipo penal de feminicidio en toda la nación. Esto implica obligar a las autoridades investigadoras a abordar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género, evitando que los casos se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos menos graves.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. Entre los puntos centrales de la propuesta destaca la imposición de una pena de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito. Además, la iniciativa contempla sancionar la tentativa de feminicidio e incluye la tipificación de 21 agravantes para determinar la severidad de la pena.
El anuncio se produce en un contexto de violencia de género persistente. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Las entidades con mayor concentración de estos casos son Sinaloa, con ocho víctimas, seguida de la Ciudad de México y el Estado de México con cuatro cada una, así como Tamaulipas con cuatro registros.
En el ámbito legislativo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su total apoyo a la iniciativa presidencial. Monreal aseguró haber conversado previamente con la Presidenta sobre esta intención y confirmó que la bancada de su partido respaldará la propuesta sin duda alguna para su discusión y aprobación en el Congreso.
La creación de esta ley reglamentaria avanzada representa un esfuerzo por estandarizar los protocolos de investigación en las 32 entidades federativas. Con esta medida, el gobierno federal busca cerrar las brechas legales que actualmente permiten diferentes interpretaciones del delito dependiendo de la jurisdicción, asegurando una respuesta uniforme ante la violencia extrema contra las mujeres.