Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein dejó en suspenso la resolución sobre el financiamiento de la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una audiencia celebrada este jueves en un tribunal de esta ciudad. El magistrado rechazó desestimar el caso pero reconoció la complejidad jurídica que implica el bloqueo de activos venezolanos por sanciones de Estados Unidos, lo que impide actualmente que los acusados paguen a su abogado privado, Barry Pollack.
La situación procesal de los exmandatarios venezolanos, capturados el pasado 3 de enero, se encuentra en un punto crítico donde la defensa solicita acceso a recursos congelados para garantizar su representación legal. Mientras el tribunal evalúa posibles vías para destrabar el pago sin violar las medidas restrictivas vigentes, la fiscalía ha argumentado que el caso afecta directamente la seguridad nacional, aunque no se han detallado públicamente todos los argumentos legales específicos de ambas partes más allá de estas posturas generales.
Por su parte, el presidente Donald Trump intervino en el debate público calificando a Nicolás Maduro como un importante traficante de drogas y afirmando que su captura ha evitado el ingreso de más estupefacientes a territorio estadounidense. El mandatario solicitó ampliar los cargos en contra del expresidente, mencionando la existencia de un cargo adicional grave que aún no se ha presentado formalmente ante el tribunal, sin ofrecer detalles específicos sobre la naturaleza de este nuevo delito.
En medio del proceso, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario y diputado venezolano, describió a su padre como una persona delgada, con perfil de atleta y en buen estado de ánimo. Esta descripción contrasta con la gravedad de los cuatro cargos mayores que enfrenta la pareja, los cuales incluyen narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, aunque el contenido completo de todas las imputaciones no ha sido divulgado íntegramente en las fuentes disponibles.
La próxima audiencia está programada para continuar los trabajos judiciales, en un contexto donde la defensa insiste en el derecho de los acusados a elegir su representación legal pagada, mientras la corte busca una solución técnica al impedimento financiero impuesto por las sanciones internacionales. El caso mantiene la atención de observadores internacionales debido a las implicaciones diplomáticas y legales que podría tener un juicio de esta magnitud contra un exjefe de Estado.