Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares, tras el anuncio público de una alianza entre Uber México y MX Taxi. La autoridad capitalina detalló que reforzará la supervisión y aplicará las sanciones correspondientes por incumplimiento normativo, las cuales pueden alcanzar hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Este posicionamiento gubernamental surge luego de que Félix Olmo, director general de Uber México, anunciara una alianza con taxistas concesionados de MX Taxi para responder a la demanda de transporte esperada durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. Según el anuncio de la empresa de tecnología, el acuerdo permite solicitar taxis concesionados directamente a través de su aplicación, un mecanismo que se concretó tras dos años de trabajo entre la plataforma y el gremio.
Medios especializados reportan que la alianza busca que los usuarios puedan elegir la opción de taxi tradicional dentro de la interfaz de la aplicación, manteniendo los conductores su carácter de transporte público regulado. El modelo planteado indica que los taxistas operarían a través de sus propias organizaciones y la tecnología de MX Taxi, recibiendo solicitudes generadas en la app de Uber sin formar parte de la base de datos tradicional de la plataforma privada.
La contradicción entre el anuncio empresarial y la postura regulatoria marca el estado actual del proyecto. Mientras Uber y MX Taxi presentan la colaboración como una estrategia para ampliar la oferta de movilidad ante la llegada de millones de turistas, la Semovi sostiene que la integración de estas unidades en la aplicación no está autorizada. La dependencia enfatizó que actualmente no hay disposiciones legales que habiliten este esquema híbrido en la capital del país.
El contexto de esta disputa operativa se da en vísperas del mundial que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá, evento que ha impulsado a diversos actores del sector transporte a buscar modelos de cooperación. Sin embargo, la falta de un respaldo institucional explícito por parte de la administración local deja la operación en un limbo jurídico, donde la aplicación de multas por parte de la Semovi representa el riesgo inmediato para los participantes del convenio.