Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó con 109 votos a favor y seis abstenciones la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público. La modificación al artículo 127 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fija como límite máximo la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
Esta validación en la cámara alta ocurre tras la aprobación previa en la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo, donde la iniciativa obtuvo 458 votos a favor, sin registros en contra ni abstenciones. Con el visto bueno de ambas cámaras, el proceso legislativo avanza hacia las etapas siguientes para su posible promulgación e implementación.
La reforma busca regular los beneficios de retiro en diversos entes públicos, incluyendo organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos. El diputado morenista Pedro Haces Barba defendió la medida como una corrección necesaria a los privilegios excesivos dentro de la administración pública, alineándose con la postura del gobierno federal.
Pese a apoyar la iniciativa, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, expresó inconformidad respecto a ciertas omisiones en el texto y advirtió sobre el riesgo de que la norma tenga efectos retroactivos. Esta postura refleja la tensión entre la mayoría oficialista, que ve la reforma como un acto de justicia, y sectores opositores preocupados por la seguridad jurídica de los derechos adquiridos.
La controversia ha movilizado a grupos de jubilados y pensionados, quienes han realizado protestas tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como frente al Congreso local en Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, se manifestó en contra de cualquier cambio que afecte las prestaciones ya establecidas.
Con la aprobación legislativa conseguida, la reforma entra en una fase crítica donde se definirá su operatividad concreta. Aunque el marco general ya está trazado, persisten debates sobre los alcances específicos de su aplicación y las garantías para los trabajadores del sector público.