La Paz, 27 de marzo de 2026.- El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur (SUTSPEMIDBCS) exigió un aumento salarial del 6.5% y un incremento del 7% en bonos con carácter retroactivo al 15 de enero de 2026. La dirigencia sindical extendió esta demanda a los tres poderes del Estado y a los cinco ayuntamientos de la entidad, representando a más de tres mil burócratas únicamente en la sección La Paz.
Marco Antonio Cota Aguilar, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del sindicato, recalcó que la petición se dirige de manera integral al Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y a los organismos descentralizados. El líder sindical enfatizó que es necesario que todas las instituciones adopten porcentajes similares en beneficio de los trabajadores adscritos a la sección capitalina, buscando equilibrar las condiciones laborales en toda la administración pública estatal.
Ante el escenario de negociación, Alejandro Solache, secretario de la sección La Paz, señaló que los representantes de los trabajadores pedirán que las propuestas presentadas por las instituciones sean claras y carezcan de ambigüedades. Esta postura busca garantizar que los acuerdos finales reflejen fielmente las necesidades del personal y eviten interpretaciones discrecionales por parte de los patrones.
Cota Aguilar hizo un llamado a toda la base trabajadora para que responda y atienda cada una de las asambleas que se estarán convocando hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. El dirigente subrayó que la movilización interna es parte del compromiso colectivo por la unidad, el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos laborales de todos los agremiados.
Originalmente, las pláticas se centraban en la negociación con el Ayuntamiento de La Paz; sin embargo, la estrategia sindical cambió para incluir a todas las instancias gubernamentales del estado. El sindicato mantiene la exigencia de que el ajuste económico cubra el periodo iniciado a mediados de enero, lo que implica un pago retroactivo una vez firmado el convenio.
Hasta el momento, la investigación no registra una respuesta oficial por parte de los tres poderes del Estado ni de los cinco ayuntamientos respecto a estas exigencias específicas. Las partes se encuentran en una etapa donde el sindicato ha definido sus porcentajes mínimos y ha iniciado la convocatoria a asambleas informativas y de resolución para definir los siguientes pasos en el conflicto laboral.