Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por su presunta responsabilidad en el homicidio de cuatro personas y actos de tortura durante un operativo policial registrado el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que se libraron 16 mandamientos de captura en total. Además del exmandatario estatal, la lista incluye a Juan Bernardo Corona Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública durante esa administración, así como a 14 agentes de la Policía Estatal que habrían participado en la intervención.
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó los mandamientos de captura según reportes de medios locales. Los delitos imputados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad; los dos primeros contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría al exmandatario enfrentar el proceso penal en libertad.
De acuerdo con informes periodísticos, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua y recuperar vehículos retenidos por la comunidad indígena purépecha. El operativo derivó en un enfrentamiento entre agentes y pobladores que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, siete policías heridos, 10 casos de tortura documentados, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias.
Cabe señalar que Aureoles Conejo ya enfrentaba otra orden de aprehensión desde 2023 por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de estaciones de policía durante su mandato. Por dicho caso, elementos de la fiscalía detuvieron a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Aureoles, entre otros funcionarios de su administración.
La Fiscalía del Estado refrendó que este tipo de resoluciones responden al compromiso institucional de combatir la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y atender de manera puntual las legítimas demandas de las víctimas. La dependencia anunció que continuará con las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de los mandatos judiciales y el esclarecimiento pleno de los hechos.