Morelia, 28 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que su administración enviará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que adolescentes involucrados en delitos graves sean juzgados como adultos, medida que surge tras el asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas presuntamente cometido por un menor de 15 años.
Durante una entrevista, el mandatario estatal subrayó que aunque la tragedia de Lázaro Cárdenas representa un caso particular, existen antecedentes de que grupos criminales utilizan a adolescentes para actividades delictivas aprovechando la inimputabilidad de los jóvenes ante las leyes mexicanas.
Enviaremos la iniciativa, ya la estamos preparando, porque, aunque es el primer caso en Michoacán, no podemos permitir que se siga replicando, agregó el gobernador al manifestar que la entidad se sumará al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema.
El caso que detonó el anuncio involucra a Osmar N, adolescente de 15 años señalado como presunto responsable del asesinato de las docentes María del Rosario y Tatiana en la preparatoria Anton Makárenko. Según información recabada por la Fiscalía michoacana, el joven planeó desde el día anterior el homicidio de las maestras.
Durante la audiencia inicial realizada a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes, el Ministerio Público acusó al imputado por el delito de feminicidio, además de ordenar la privación justificada de su libertad por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
A petición de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional para que el juez determine si hay vinculación a proceso y califique el delito. La audiencia se reanudará el próximo lunes cuando se conozca el resolutivo sobre la situación legal del adolescente.
La audiencia de control y formulación de imputación se llevó a cabo considerando que se trata de un menor de edad, por lo que su situación legal todavía no se resuelve definitivamente mientras las autoridades determinan los alcances del proceso penal en su contra.