Sacramento, 28 de marzo de 2026.- La Legislatura de California aprobó este jueves un proyecto para cambiar el nombre del Día de César Chávez, que se celebra el 31 de marzo por su natalicio, por el de Día de los Trabajadores Agrícolas. La iniciativa, que se dirige al escritorio del gobernador Gavin Newsom con la expectativa de ser firmada antes de la celebración, surge en un esfuerzo por reconocer la lucha de esta comunidad sacudida tras las recientes acusaciones de abuso sexual contra el líder sindical.
La legislación de última hora fue impulsada por la polémica provocada por las acusaciones de dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas, quienes detallan cómo fueron abusadas sexualmente por Chávez cuando eran apenas unas niñas. Estos señalamientos fueron revelados mediante una investigación del diario The New York Times, firmada por Manny Fernández y Sarah Hurtes, la cual contó con la revisión de más de 60 testimonios y cientos de páginas de archivos del sindicato.
Entre los materiales revisados por el periódico se incluyen correos electrónicos, fotografías y otros documentos que apuntan a que Chávez, a los 45 años, habría abusado de dos menores de 8 y 13 años entre 1972 y 1977 en oficinas del movimiento. La investigación también recabó declaraciones de Dolores Huerta, fundadora junto a Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), quien figura como testimonio acusador en el reporte periodístico.
Las revelaciones han tenido repercusiones inmediatas en el espacio público de Estados Unidos. En varias ciudades se han desmontado monumentos y borrado murales dedicados al activista, mientras que Texas anunció que no festejará más el día en su honor. Ante este escenario, el dramaturgo y cineasta chicano Luis Valdez expresó angustia por la destrucción de los murales, aunque aclaró que no defiende a Chávez ni conocía detalles de su vida privada, insistiendo en que la historia de la UFW debe seguir transmitiéndose a las nuevas generaciones.
Con la aprobación legislativa en Sacramento, California se suma a las acciones institucionales que buscan separar el legado de la lucha campesina de la figura de su cofundador, en medio de un escrutinio sin precedentes sobre la conducta personal del ícono de los derechos civiles.