Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados alista la discusión en el pleno del dictamen conocido como Plan B de la reforma electoral, enviado por el Senado tras aprobarlo con modificaciones que descartaron la figura de revocación de mandato. Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la cámara baja, indicó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral tendrán del 3 al 7 de abril para analizar la iniciativa, con la previsión de que el debate en el pleno ocurra el 8 de abril.
La diputada del PAN aclaró que, aunque el título del dictamen menciona la revocación de mandato, este apartado fue desechado desde la cámara de origen, específicamente el artículo 35 constitucional. El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfoca ahora en la revisión de los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, buscando armonizar los marcos jurídicos antes del 30 de mayo de 2026, fecha límite establecida en el artículo segundo transitorio de la reforma.
En medio de los preparativos legislativos, surgieron posturas divergentes entre los actores políticos. Miguel Ángel Riquelme, senador del PRI, criticó la propuesta calificándola como una reforma centralista y una aberración técnica que invade la autonomía de los municipios y las entidades federativas. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, mencionó la necesidad de realizar una operación cicatriz con el Partido del Trabajo (PT), declaración que fue rechazada por la mandataria federal.
Claudia Sheinbaum declaró que desconoce a qué se refiere Monreal con dicha operación y enfatizó que la parte más importante de su iniciativa, relacionada con la reducción de privilegios, fue aprobada. La presidenta señaló que corresponde a los partidos que la apoyaron definir sus alianzas para los comicios futuros, recordando que la materia de revocación de mandato no obtuvo la mayoría de votos requerida tras la reserva presentada por el PT en el Senado.
Desde el ámbito técnico-electoral, los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz, del Instituto Nacional Electoral (INE), se deslindaron de un documento con observaciones sobre la reforma que circuló en el Congreso. Ambos funcionarios explicaron que dichas propuestas no fueron producto de una deliberación formal del colegiado ni representan una postura institucional del organismo, advirtiendo sobre la falta de un proceso de análisis interno previo a la difusión de esas sugerencias.
El periodo ordinario del Congreso concluye el 30 de abril de 2026, lo que obliga a los legisladores a acelerar los trabajos para la aprobación de las leyes secundarias necesarias, incluyendo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones federales de 2027.