Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una reforma destinada a modernizar y agilizar los juicios administrativos en el país. La votación en lo general registró 363 votos a favor, 25 abstenciones y 64 en contra, mientras que en lo particular el dictamen fue avalado con 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.
Entre los aspectos centrales de la normativa se establece un plazo máximo de seis meses para resolver casos en la vía sumaria, así como la implementación de tiempos límite para las actuaciones de los magistrados instructores y la presentación de promociones por parte de las partes involucradas. Adicionalmente, se fija un plazo común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un término específico, con la intención de evitar dilaciones procesales.
La reforma incorpora la posibilidad de que los juicios sean tramitados electrónicamente a través del Sistema de Justicia en Línea. En materia de cuantía, existen discrepancias en los reportes sobre el monto para la procedencia en la vía sumaria: una fuente indica que se incrementa de 15 a 30 veces la UMA anual e incluye la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones, mientras que otra versión señala un límite de resoluciones cuyo importe no exceda de 15 veces la UMA anual.
El texto aprobado también adiciona supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público, aplicable en casos de actividades sin autorización o conductas ilícitas. Asimismo, se contemplan modificaciones al procedimiento para casos de atracción y recusación de magistrados, además de fijar plazos más estrictos para la práctica de notificaciones.
Con estas modificaciones, la minuta recibida del Senado avanzó en lo particular con solo un ajuste en el artículo 19 del dictamen. La ley busca actualizar las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aunque la investigación no detalla la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación ni su entrada en vigor.