Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, tras vincularlos a proceso por los delitos de despojo de inmuebles, extorsión agravada y asociación delictuosa. La resolución judicial se basó en la existencia de indicios razonados de que los acusados cometieron dichos ilícitos en el fraccionamiento Laderas del Mar.
De acuerdo con la investigación, testigos reportaron que entre el 24 de julio de 2025 y el 15 de marzo de 2026, sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas ya terminadas del mencionado fraccionamiento. Entre los ocupantes se identificó a los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo. Además, se señaló que el ofendido recibió amenazas de parte de Emmanuel, quien después de acercarse presencialmente a la víctima en una ocasión, le llamó telefónicamente en varias oportunidades.
El juez otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Al respecto, Joel Chávez Castro declaró: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”.
En un caso relacionado con fraudes inmobiliarios en Coahuila, el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que la administración estatal mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar apoyo en la expedición de una ficha roja. Esta medida tiene como objetivo que Interpol realice la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, quien aparentemente se encuentra en España y está señalado por su participación en un fraude.
Pimentel González explicó que, como resultado de las investigaciones, se detectaron irregularidades que derivaron en la retirada del fiat (autorización para ejercer) al exnotario. “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”, afirmó el funcionario. Asimismo, se confirmó que otros cómplices fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Un grupo de 27 afectados denuncia un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos derivado de estas acciones. Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño patrimonial para las víctimas del fraude en Coahuila.