Matamoros, 02 de abril de 2026.- A mil días de la explosión ocurrida la mañana del 29 de junio de 2023, la familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE, ya que denuncian que no existen sanciones contra la compañía pese a las graves secuelas irreparables en la salud de la joven.
El siniestro se originó por una acumulación de gas natural derivada de una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño de un departamento que Thalía apenas iba a habitar. Como consecuencia, la joven sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo, sufrió amputaciones en todos sus dedos y ha tenido que someterse a más de 20 cirugías.
Peritajes realizados señalan a ENGIE como responsable del evento. Desde el día del siniestro, personal de investigación acompañado por la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y técnicos de la empresa inspeccionó el inmueble, donde mediciones con aparatos especializados detectaron gas natural en el registro del drenaje con niveles de explosividad altamente peligrosos. Aunque los directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento para revisar la fuga y asistir a las víctimas, la empresa de origen francés optó por no acatar la solicitud y negó lo ocurrido.
En diciembre de 2024, un peritaje descubrió que las tuberías de gas se encontraban a una distancia indebida del drenaje, concluyendo que la explosión fue causada por el gas natural del ducto. Pese a estas evidencias, la familia reporta que en estos mil días los abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima y sus representantes: una para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por la empresa para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y una tercera para ejercer lo que describen como “gaslighting corporativo”, negando los argumentos y revictimizando a Thalía.
Actualmente existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, aunque la familia señala que los retrasos burocráticos han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. Por otro lado, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) cuenta en sus oficinas con denuncias por episodios de fugas y explosiones con dictámenes en contra de la empresa regulada en los últimos cinco años, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades.
Ante la falta de respuesta, la familia enfrenta deudas de casi 2 millones de dólares mientras continúa exigiendo que se apliquen las sanciones correspondientes y se repare el daño causado por la negligencia atribuida a la distribuidora de gas.