Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la “imperante impunidad” y los patrones sistemáticos de este delito en el país. La decisión se basa en cifras que ascienden a más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, así como en la estimación de alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de este año.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que estas cifras son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. El organismo recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. En su visita de 2021, el CED recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos.
El informe detalla casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, además de señalar la prevalencia del problema en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. Específicamente en Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” entre 2006 y 2016, identificando colusión entre autoridades de tres niveles. Se reportó que entre 2009 y 2012 fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, y que de 2012 a 2016 autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente mediante fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM.
El CED mencionó una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones. Según datos estatales citados por el comité en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Como parte de su visita en 2021, el Comité emitió 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
Ante el informe, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el documento no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Mientras tanto, el gobierno federal dio a conocer el 3 de abril de 2026 una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos.
México, como Estado Parte, planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y aseguró que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación. No obstante, el activation del Artículo 34 busca que la Asamblea General adopte medidas para apoyar a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas.