Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El exfuncionario quedó sujeto a proceso por la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos y que, a pesar de no haber realizado ningún trámite, recibió un pago millonario.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para Sotelo Burgoin: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. La Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Óscar Leggs por haber celebrado y firmado un contrato con una empresa de gestión de trámites financieros para conseguir un crédito bancario autorizado por 300 millones de pesos. A pesar de que la gestión del crédito nunca se llevó a cabo, el ex oficial mayor autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa financiera.
Previamente, el exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes fueron los primeros dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Los Cabos vinculados a proceso por el mismo delito de abuso de autoridad por simulación. En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral, tras asegurar que este difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso.
“Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró Cabezut, quien calificó de deleznable al “pseudo periodista”. El conductor añadió: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. Carlos Jiménez respondió a la amenaza de demanda asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso: “su amenaza y sobre todo el amago de su denuncia por daño moral, para mi es una más de todas la fila de personas deleznables… que busca callarme, por qué, por evidenciar su sucia realidad”.
Por su parte, Doña Carlota Alfaro, la mujer que habría asesinado a dos hombres que invadieron su casa en Chalco, Estado de México, relató el miedo que sintió por su vida y la de sus hijos antes del enfrentamiento. La mujer denunció que la corrupción de los Ministerios Públicos la orilló a actuar por justicia propia, pues las autoridades hicieron caso omiso a sus denuncias por despojo. “No debí hacerlo, pero si no lo hacía, no lo estaría contando. El muchacho me dijo ‘la vamos a deshacer’, me amenazó muy fuerte y con mucho coraje como si estuviera peleando algo de él”, señaló.
Doña Carlota explicó que comenzó a accionar su arma cuando uno de los jóvenes involucrados se mostró especialmente agresivo, insultándola y amenazándola con quitarle todas sus pertenencias, incluido el automóvil. “Dijo que me iba a quitar el carro y que me iba a quitar todo y dije ‘ándale pues, órale, ahí te va ¿Quieres todo? Todo va a ser para ti’. Yo me acuerdo de que les di a los dos, pero primero al chavo que estaba muy agresivo”, detalló. La mujer aseguró que actuó en defensa propia, pues su mayor angustia era la seguridad de sus hijos, Mariana y Lalo, y mencionó que el día de su detención, las autoridades mataron al perro de su hijo cuando intentaba defenderlo.
En Jalisco, la defensa de Omar Bravo solicitó llevar el proceso de su cliente en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada, por lo que seguirá en prisión preventiva en el Penal de Puente Grande. El exfutbolista, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, podría permanecer en prisión hasta por dos años mientras se define su situación. Un juez dictó vinculación a proceso contra Omar Bravo el pasado 4 de octubre de 2025.
El abogado Juan Soltero indicó que uno de los hechos por los cuales se le imputó a Omar Bravo es cuando la menor tenía menos de 12 años, lo que agrava la pena. “Uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años, eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, explicó el defensor. La defensa de la víctima solicitaría que se le imponga una pena de entre 5 a 10 años, aunque Omar Bravo podría alcanzar hasta 20 años de prisión en caso de que las autoridades determinen su culpabilidad.