Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas con el objetivo de combatir la gentrificación y el desplazamiento de habitantes en la capital. Durante la presentación, Brugada Molina afirmó que “la Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda”.
De acuerdo con la iniciativa, se busca establecer que los precios de las rentas no puedan subir por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. La mandataria local señaló que “el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025” y agregó que “en algunas zonas el costo de los alquileres aumentó más del 30 por ciento en años recientes”. La propuesta pretende “establecer un límite constitucional al crecimiento de los alquileres”.
La reforma incluye la obligación para el Gobierno de articular una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, así como la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones inquilinarias. Además, reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario, enfocando las políticas públicas prioritariamente en poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria.
Sobre la situación de los jóvenes, Juan Pablo de Botton Falcón indicó que “dos de cada tres jóvenes viven en viviendas rentadas y solo uno de cada diez cuenta con vivienda propia”. Se estima que dos millones de personas habitan en inmuebles rentados en la Ciudad de México. Las medidas propuestas “pretenden equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios”, según información del medio.
Clara Brugada Molina informó que la discusión formal en el Pleno “se realice a partir del próximo periodo de sesiones en el mes de septiembre”. Esta presentación ocurre tras antecedentes de movilización social, donde colectivos como el Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo y el Campamento Camarada Celestino exigieron vivienda digna y protagonizaron un enfrentamiento con elementos de seguridad en el Zócalo Ciudadano, evento que tuvo saldo blanco y derivó en la propuesta de realizar encuentros de trabajo en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (INVI) y en el Edificio de Gobierno.