Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que, ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, continuará con su defensa de la autonomía del Poder Judicial.
En un comunicado, la Jufed aseveró que la concentración del poder constituye el riesgo principal para los derechos humanos. La organización señaló que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos” y reiteró que la Carrera Judicial garantiza que quienes imparten justicia posean la excelencia técnica y la autonomía necesarias para resolver con imparcialidad.
Los integrantes de la asociación enfatizaron que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Asimismo, exigieron que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integrarían con personas con experiencia, específicamente con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y manifestó su postura sobre la renovación escalonada: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”. Además, sugirió que los juzgadores puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria y que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para el voto en prisiones; sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2024. En años previos, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos promovidos por grupos que buscaban frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales.