Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que esta conducta vulnera el artículo 134 constitucional al tratarse de propaganda con fines de promoción personal en obras y programas públicos.
El legislador acusó a la funcionaria de utilizar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales y pidió frenar lo que consideró una precampaña anticipada. Durante la presentación de la denuncia, Ávila exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. “Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, afirmó.
Ávila exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar que no se usen recursos públicos para fines electorales anticipados de inmediato, calificando los hechos como una violación constitucional clara.
Por otro lado, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló la función de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, un mecanismo diseñado para ayudar a los partidos a detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones. Alcalde explicó que este órgano no investigará directamente a los aspirantes, sino que operará como vínculo entre instituciones.
Según la explicación proporcionada, el proceso es voluntario: cada partido político decidirá si someter a su aspirante a investigación. De ser así, la comisión del INE recibe la solicitud y pide la indagación a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, información que el INE trasladará a los partidos políticos. A partir de lo dictaminado, serán las agrupaciones políticas quienes decidan si postulan o no a esa persona.
Luisa Alcalde aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, por lo que sólo operará como receptor y facilitador de la información entre las autoridades competentes y los partidos.