Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum publicó, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el paquete de reformas en materia electoral aprobado hace una semana en un periodo extraordinario del Legislativo. Los cambios constitucionales tienen como objetivo aplazar la elección judicial a 2028, crear una comisión de verificación de candidaturas para evitar la infiltración del crimen organizado y establecer una nueva causal de nulidad de comicios por injerencia extranjera.
De acuerdo con el texto del Decreto, “las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto y cuyo encargo concluiría en el año 2027, permanecerán en funciones hasta el año 2028, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección respectiva”.
La reforma también crea dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver asuntos menores y señala que su regulación se emitirá mediante legislación secundaria. Respecto a los futuros cargos, el documento establece que “el periodo de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que resulten electos en la elección que se celebre en el año 2028 conforme al presente Decreto durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2036”.
En materia de seguridad electoral, otra reforma crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenándole otorgar el presupuesto suficiente para su funcionamiento. Para ello, instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establecerán la metodología y criterios para realizar evaluaciones de riesgo y “determinar la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria”.
El decreto instruye que “el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto”.
Finalmente, se establece un plazo perentorio para la adecuación legislativa: “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026”.