Tenancingo, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía del Estado de México acusa a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, de simular su propio secuestro con el fin de encubrir un desfalco de 40 millones de pesos del erario municipal. La dependencia ha solicitado una audiencia para imputar cargos a la edil, mientras que ella niega las acusaciones y afirma que fue realmente privada de la libertad.
Según la investigación fiscal, el supuesto secuestro ocurrió el 31 de mayo de 2026 en el aparcamiento del domicilio de la alcaldesa en Tenancingo. La autoridad detuvo en Oaxaca a tres personas vinculadas al caso: Karla Valeria, Víctor Manuel y Christian. Además, la Fiscalía ha pedido órdenes de arresto contra José Roberto, esposo de la funcionaria, y Oscar, su cuñado.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el cuñado de la alcaldesa contactó a Christian para participar en el plan a cambio de 500,000 pesos, quien a su vez involucró a Karla Valeria y Víctor Manuel. Uno de los participantes declaró que el objetivo era justificar el presunto desfalco de recursos públicos. La autoridad señaló que el teléfono utilizado durante el hecho fue localizado primero en una colonia céntrica de la Ciudad de México y luego en Oaxaca, y que el vehículo usado era habitualmente manejado por Karla Valeria.
La Fiscalía asegura que en el análisis de las imágenes no observó actos de violencia contra la alcaldesa y que fue ella quien indicó la ruta a los supuestos secuestradores para evitar cámaras. Por estos hechos, ya se iniciaron acciones penales contra los tres detenidos por el delito de ‘simulación de secuestro’. Nancy Nápoles denunció el secuestro ante la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro el 1 de junio de 2026.
Por su parte, Nancy Nápoles Pacheco rechaza los señalamientos de autosecuestro y desfalco. “El municipio está financieramente sano”, afirmó la alcaldesa, quien acusa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de manipular pruebas y narrativas. Asimismo, aseguró que la dependencia encontró un “testigo con criterio de oportunidad que a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que diga”.
La funcionaria sostuvo que los señalamientos en su contra tienen un propósito político para desacreditarla como servidora pública. En un comunicado, exigió que “las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias para dar con los autores y coautores de este delito en contra de mi persona, sin pretender crear chivos expiatorios ni crear falsos culpables”. Reiteró su disposición de colaborar para el esclarecimiento de los hechos.