Ciudad De México, 12 de julio de 2026.- Se estima que en México 5 mil 778 personas no tienen acceso a una vivienda, es decir, son población en situación de calle. De cada cien personas en esta condición, 87 son varones y 13 mujeres, según datos recopilados por La Jornada.
En la Ciudad de México, las cifras presentan variaciones temporales. De acuerdo con el Censo de Población 2020, la capital tenía más de mil 200 personas en situación de calle. Sin embargo, cifras del gobierno capitalino destacan que en 2025 ya suman más de 2 mil 800 personas.
En otras ciudades del país, Tijuana registra 726 personas en situación de calle, mientras que Guadalajara tiene 443. A nivel global, la Organización de Naciones Unidas destaca que millones de personas enfrentan condiciones de precariedad en la vivienda; de ellos, al menos 300 millones tienen que dormir en la calle.
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) estima que, a nivel mundial, mil 600 millones de personas viven en condiciones de vivienda inadecuadas y constató un alarmante aumento de falta de vivienda en los últimos 10 años. La organización describió este fenómeno como las “manifestaciones más crudas de la pobreza, la discriminación y la desigualdad, que afecta a personas de todas las edades, géneros y procedencias”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la población en situación de calle es uno de los grupos más vulnerables en el acceso a derechos básicos, entre ellos la salud. Por su parte, la oficina del relator especial sobre el derecho a vivienda adecuada señaló que la falta de hogar “no garantiza el acceso a espacios seguros, asequibles y adecuados para todos, sino que también viola una serie de otros derechos humanos”.
El mismo organismo indicó que estar expuesto a la falta de vivienda “perjudica gravemente la salud de los afectados, socavando su derecho al más alto nivel de salud alcanzable”. Asimismo, alertó que esta situación provoca “miles de muertes prematuras y prevenibles”, lo cual representa un fracaso de los Estados para proteger el derecho a la vida, entendido no solo como supervivencia, sino como el derecho a “disfrutar de su vida con dignidad”.