Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega le dictara prisión preventiva por su posible participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. El exmandatario y otros cuatro imputados llegaron al centro penitenciario a las 14:15 horas, mientras que otros acusados permanecen en distintos centros de reclusión o bajo arresto domiciliario por motivos de salud.
La detención de Ruffo Appel se concretó el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, después de que la misma jueza librara órdenes de aprehensión contra 25 imputados, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), pero tras un cambio de juzgadora, la orden fue concedida el 13 de julio por delitos de delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.
La audiencia inicial, realizada por videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, comenzó la noche del 17 de julio y se extendió por más de 30 horas, aunque algunas fuentes reportan que duró 40 horas. Durante el proceso, la jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, quien organizó un esquema ilícito para la introducción ilegal de hidrocarburos.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, vinculada a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es accionista mayoritario. Según informes de la FGR, esta red causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos, cifra que otras fuentes elevan a 4,456 millones. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, e identificó la participación de 70 personas, incluyendo servidores públicos.
Ante las imputaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política, asegurando que la detención es “derivado de una investigación que tiene un año” y negó relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio.
Familiares y actores políticos han cuestionado el procedimiento. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Asimismo, Roberto Gil Zuarth criticó que la audiencia se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, llamando a la publicidad de los procesos como antídoto contra la captura de los tribunales.
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió legalidad y debido proceso, mientras que la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar en el marco de esta investigación.