Por Redacción
Chihuahua, 22 de julio de 2026.- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) solicitó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la implementación de medidas de protección para la familia de Marisela Escobedo Ortiz. La petición, presentada ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro, busca detener actos que el organismo considera de revictimización contra la defensora de derechos humanos y sus familiares, reconocidos como víctimas indirectas.
La organización informó que requirió el retiro de emisiones y contenidos que, según su postura, afectan la dignidad y memoria de Marisela Escobedo Ortiz y de Rubí Marisol Frayre Escobedo. Las medidas fueron planteadas con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Corresponde al Ministerio Público resolver sobre la procedencia de estas acciones y, en los casos que lo requieran, someterlas a ratificación de un juez de control del Distrito Judicial Morelos.
La solicitud del CEDEHM ocurrió después de que colectivos feministas, madres de personas desaparecidas y familiares de víctimas de feminicidio expresaran su rechazo a declaraciones realizadas por Ruth Sánchez Hernández, integrante del Consejo de Perspectiva Familiar del gobierno municipal de Chihuahua y promotora de la organización religiosa Palabra Viva. Durante un programa de radio, Sánchez Hernández cuestionó las acciones de protesta realizadas por Marisela Escobedo para exigir justicia por el feminicidio de su hija y afirmó que la activista tuvo responsabilidad en lo ocurrido.
Al respecto, Ruth Sánchez Hernández declaró: “Como papás somos responsables de lo que pasa con nuestros hijos”. La funcionaria rechazó ofrecer una disculpa y afirmó que sus comentarios no fueron ofensivos.
Las declaraciones generaron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes señalaron que este tipo de expresiones reproducen discursos que colocan la responsabilidad de la violencia en las víctimas y sus familias. El CEDEHM, junto con mujeres buscadoras y familiares de víctimas de feminicidio, indicó que responsabilizar a las víctimas puede contribuir a invisibilizar las fallas institucionales y desplazar la discusión sobre quienes ejercen la violencia.
En una postura pública, el organismo afirmó que los discursos que cuestionan las decisiones de las víctimas o sus familias pueden fortalecer estereotipos relacionados con la violencia de género. Por otra parte, el colectivo Revolución Atena presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra Ruth Sánchez Hernández y el diputado local panista Carlos Olson San Vicen.