Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores en la entidad, mientras el oficialismo solicita el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho adolescentes fueron detenidos vinculados a crímenes atroces; dos de ellos tenían apenas 13 y 14 años de edad.
Tres de los menores fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, conductor de InDrive de 50 años, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado e incendiado su cuerpo después de videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Sin embargo, este enfoque centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada ni la falta de atención temprana de salud mental.
El contexto de estos delitos remonta a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), cerraron la casa hogar A Way Out en la colonia Robledo de Mexicali. El inmueble, obtenido mediante comodato por la activista Gabriela Ortiz, atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Menores denunciaron que eran obligados a hacer sus necesidades en baldes, pero la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) los dejó sin agua por varios días, lo que los obligó a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación del lugar.
Gabriela Ortiz denunció durante años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la gestión del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a estas prácticas, la activista fue castigada en varias ocasiones. El cierre de este espacio deja al descubierto la falta de opciones para menores en riesgo delictivo real.