Por Monserrat Californias
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reveló que, entre 2022 y mayo de 2025, al menos 135 niñas, niños y adolescentes en Guanajuato quedaron huérfanos tras el feminicidio de sus madres, según carpetas de investigación del Ministerio Público. La cifra real podría ser aún mayor, porque muchos casos aún no se cuentan oficialmente.
En 2024 se reportaron 106 nuevos casos, un aumento alarmante del 662% respecto al año anterior, y ya en 2025 se registraron 12 adicionales hasta mediados de mayo. Esta escalada revela un patrón de vulnerabilidad infantil, con comunidades que exigen acción contundente para apoyar a estos menores.
El caso de Abril Zárate, joven fallecida en febrero de 2023, dejó huérfanos a sus dos hijos pequeños y conmocionó a León, evidenciando las consecuencias directas del feminicidio en muchas familias. Activistas locales como Dessire Ángel han pedido mejoras urgentes en la atención integral: desde diagnósticos de riesgo hasta asistencia psicológica, económica y legal.
Frente a esta crisis, el Gobierno de Guanajuato lanzó en junio de 2025 un Fondo de Emergencia especializado con 5 millones de pesos para apoyar a menores en esta situación, beneficiando hasta ahora a 235 infantes con ayudas alimentarias y orientación emocional y legal. Además se aprobó un Programa Integral con base en el SIPINNA para fortalecer su atención.
Con estas acciones Guanajuato será pionero a nivel nacional en la atención integral de menores huérfanos por feminicidio o desaparición de sus madres.
Pese a estos pasos, las organizaciones alertan que solo el 50 % de los casos cuentan con planes de restitución de derechos, y piden acelerar la aprobación de reformas como la Ley Monzón, que suspende la patria potestad de familiares agresores durante el proceso legal. Enfrentar esta emergencia significa proteger un futuro digno para centenares de niños y niñas inocentes.