Por Monserrat Californias
El domingo 1 de junio será una fecha histórica para México: por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a quienes ocuparán cargos en el Poder Judicial. La reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum dio pie a esta elección sin precedentes.
A pesar de la incertidumbre entre parte del electorado, las campañas iniciaron el 30 de marzo con más de 3,400 candidaturas compitiendo por casi 900 cargos judiciales federales.
En total, se renovarán 881 cargos judiciales, incluyendo los nueve lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral, jueces y miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Se registraron 3,422 aspirantes, lo que refleja la magnitud del proceso. Esta elección también incluirá a los cinco nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina, 464 magistraturas y 386 juzgados. Es la primera vez que una votación popular abarca una reforma judicial de esta escala.
Se espera la participación de un récord de 99.7 millones de votantes, quienes acudirán a más de 84 mil casillas. Para operar este proceso, el INE ha convocado a más de 1.5 millones de ciudadanos como funcionarios de casilla. Cada votante recibirá seis boletas diferentes, identificadas por colores, para marcar su preferencia en cargos como ministros, magistrados y jueces. En el caso de la SCJN, deberán elegir cinco mujeres y cuatro hombres.
Las campañas durarán 60 días, del 30 de marzo al 28 de mayo, y no contarán con recursos públicos. Cada aspirante deberá financiar su promoción con fondos propios, con topes que van desde los 220 mil pesos para candidatos a juzgados, hasta 1.46 millones de pesos para quienes aspiran a la Corte o tribunales superiores. Los candidatos podrán usar redes sociales, entrevistas, eventos y propaganda impresa ecológica para darse a conocer.
Además de los cargos federales, en 19 estados también habrá elecciones judiciales locales para renovar 1,787 cargos entre jueces y magistrados. Entidades como Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Chihuahua figuran entre las más activas. La magnitud del proceso ha generado tanto expectativas como preocupaciones en distintos sectores de la sociedad.
Mientras organismos internacionales como la ONU y asociaciones civiles advierten sobre posibles riesgos de intromisión del Ejecutivo o el crimen organizado, la postura del Gobierno es clara: la elección judicial representa un avance democrático. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que este proceso fortalece la justicia al empoderar al pueblo, al permitirle elegir de forma directa a quienes deben impartir justicia en el país.