Ciudad de México, 13 de enero de 2026. – Organizaciones de derechos humanos y fuentes independientes estiman que las protestas antigubernamentales en Irán, desatadas desde finales de diciembre de 2025, han dejado un saldo de más de 600 muertos, convirtiéndose en una de las olas represivas más mortíferas desde las manifestaciones de 2019. Según el grupo Iran Human Rights (con sede en Noruega) y la red de activistas HRANA, hasta el 12 de enero se han documentado al menos 612 fallecidos, incluyendo 98 menores de edad y 47 mujeres, como resultado directo de disparos de fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, torturas en detención y muertes por gases lacrimógenos. Las cifras oficiales del régimen iraní solo reconocen 87 muertos y culpan a “agentes extranjeros y terroristas” de la violencia, negando el uso excesivo de fuerza letal. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre tras el aumento del 30 % en los precios de la gasolina, pan y servicios básicos, agravado por la inflación del 45 % y la escasez de combustible en pleno invierno. Las manifestaciones se extendieron rápidamente a más de 120 ciudades, incluyendo Teherán, Isfahán, Mashhad, Tabriz y Shiraz, con consignas que evolucionaron de demandas económicas a gritos contra el Líder Supremo Ali Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian, con lemas como “Muerte al dictador” y “No a la República Islámica”. Testimonios recopilados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch detallan el uso sistemático de armas de fuego (incluyendo balas reales contra manifestantes desarmados), granadas de aturdimiento, balas de goma y vehículos blindados para dispersar multitudes, además de detenciones masivas que superan las 18 mil personas según HRANA. Entre las víctimas más destacadas figuran adolescentes baleados en la cabeza durante marchas pacíficas y mujeres golpeadas por la Policía de la Moral al negarse a usar el hiyab. El gobierno iraní ha impuesto cortes de internet intermitentes, bloqueos de redes sociales y restricciones a periodistas extranjeros, mientras el ministro del Interior Ahmad Vahidi acusó a “elementos contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita” de orquestar el caos. La ONU y la Unión Europea condenaron la represión y exigieron una investigación independiente, mientras el presidente estadounidense Donald Trump tuiteó que “Irán paga el precio de su régimen brutal” y amenazó con nuevas sanciones si la violencia continúa. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó preocupación por la escalada y llamó al respeto de los derechos humanos, aunque evitó calificar la situación como “revolución” o “represión sistemática”. Las protestas, que inicialmente eran pacíficas y económicas, se han radicalizado con incendios a estaciones de policía y sedes del gobierno en varias ciudades, mientras el régimen mantiene el control militar en Teherán y otras capitales provinciales. Organizaciones internacionales advierten que el saldo podría superar los 1,000 muertos si la represión no cesa, convirtiendo esta ola en la más letal desde las protestas por la muerte de Mahsa Amini en 2022. La comunidad internacional observa con alarma, mientras Irán enfrenta su mayor desafío interno en décadas.